Nueva regulación para la seguridad privada se ha despachado en la Cámara de Diputados
La propuesta, revisada conforme a los acuerdos de una comisión mixta, define lo que se entenderá por seguridad privada y sus incumbentes; norma a las entidades obligadas a contar con este sistema; y determina las instituciones encargadas de fiscalizar este ámbito, entre otras variadas materias
Con fecha del 29 de Noviembre de 2023, se aprobó un proyecto para establecer un nuevo marco legal que regule diversos aspectos de la seguridad privada. Durante la sesión, se resolvieron disputas con el Senado, centrándose en temas como la coordinación con Carabineros, los recursos y procedimientos de apelación de las empresas de seguridad privada, y las exigencias para entidades y empresas. Los acuerdos mantuvieron la coordinación con Carabineros y definieron nuevas disposiciones sobre apelaciones.
La propuesta busca abordar el crecimiento de la industria de seguridad privada, eliminar la dispersión normativa y llenar vacíos legales. Define la seguridad privada como actividades preventivas para proteger personas y bienes, realizadas por entidades autorizadas. Se establecen normas para quienes prestan servicios de seguridad privada, sujeta a la Subsecretaría de Prevención del Delito y fiscalización de Carabineros.
La iniciativa detalla actividades de seguridad privada, obligaciones, entidades obligadas y criterios para determinarlas. Regula el sistema de vigilancia privada, empresas y personas involucradas, transporte de valores, seguridad electrónica y eventos masivos. Se abordaron temas como supervisión, control, fiscalización, infracciones, sanciones y la entrada en vigencia de la ley.
Durante el debate, hubo apoyo general a la propuesta, destacando la necesidad de un marco normativo estandarizado y la certeza para la ciudadanía. Se valoraron las nuevas exigencias para empresas y la inclusión de regulaciones para eventos masivos. Aunque hubo críticas, estas se centraron en futuros perfeccionamientos al sistema. Se reconoció la rapidez de la administración en avanzar en este proyecto después de 14 años de trámite.